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Qué supone la ley europea de accesibilidad para su empresa

Una guía en lenguaje claro para pymes, responsables de e-commerce y agencias — qué exige realmente la ley, a quién se aplica y qué hacer antes de que llegue una reclamación.

La EAA en un párrafo

La ley europea de accesibilidad (Directiva 2019/882, la «EAA», transpuesta en España por la Ley 11/2023) es normativa de la UE que obliga a que una amplia gama de productos y servicios digitales sea accesible para personas con discapacidad. Para webs y aplicaciones, la referencia práctica es la norma armonizada EN 301 549, que remite a WCAG 2.1 nivel AA. Si vende por internet a consumidores en la UE, es casi seguro que le afecta.

Las fechas que importan

28 jun 2025Las exigencias de la EAA empezaron a aplicarse. Los productos y servicios nuevos deben ser accesibles desde esta fecha.
28 jun 2030Fin del periodo transitorio para determinados contratos de servicios en curso y terminales de autoservicio ya en uso.

A quién se aplica

La EAA cubre servicios concretos prestados a consumidores. Los más habituales para pymes y agencias son:

  • Comercio electrónico — cualquier web que venda bienes o servicios a consumidores
  • Servicios bancarios y de pago, y dinero electrónico
  • Libros electrónicos y software de lectura dedicado
  • Transporte: billetes, reservas e información de viaje en tiempo real
  • Comunicaciones electrónicas y sus aplicaciones para clientes

Exención para microempresas: las empresas con menos de 10 empleados y menos de 2 M€ de facturación suelen quedar exentas en los servicios. La mayoría de las tiendas online en crecimiento — y todos los clientes de agencias por encima de ese umbral — sí entran en el ámbito.

Qué puede costar incumplir

Cada Estado miembro fija sus sanciones, así que varían mucho. Una muestra representativa:

Estado miembroSanción máxima
IrlandaHasta 60.000 € + posible pena de prisión
AlemaniaHasta 100.000 € por infracción
ItaliaHasta el 5 % de la facturación anual
EspañaHasta 600.000 € en casos graves

Las cifras son orientativas y cambian. En España, la vigilancia corresponde a las autoridades designadas por las comunidades autónomas conforme a la Ley 11/2023. La aplicación suele empezar con una reclamación, una orden de subsanación y el coste reputacional — mucho antes de una multa máxima.

Qué hacer ahora

  1. Sepa dónde está. Ejecute un análisis automático para detectar rápido los riesgos mayores.
  2. Corrija primero los problemas críticos. Textos alternativos ausentes, controles sin etiquetar, foco invisible y contraste insuficiente cubren la mayoría de las reclamaciones reales.
  3. Mantenga un registro fechado. La corrección documentada y continua es lo que buscan las autoridades.
  4. Supervise de forma continua. Cada despliegue puede desviar su web del cumplimiento — reanalice con regularidad.

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